Equidad de género: más allá de la inclusión simbólica
La igualdad de género, consagrada como el Objetivo 5 de la Agenda 2030, no puede entenderse como una meta aislada, sino como una condición transversal para la sostenibilidad en su conjunto. Cada meta que forma parte de la agenda —ya sea hambre cero, salud, trabajo decente o acceso a justicia— implica necesariamente una dimensión de género. Sin embargo, el enfoque adoptado con frecuencia es superficial, limitado a cifras de representación y sin abordar las estructuras profundas que perpetúan la desigualdad.
La inclusión simbólica —colocar a mujeres en puestos visibles sin modificar las lógicas que las rodean— se ha vuelto una estrategia recurrente. La paridad legislativa en muchos países es un ejemplo ambiguo: si bien aumenta la presencia femenina en espacios de poder, no siempre garantiza una agenda feminista ni cambios estructurales. Las mujeres insertadas en sistemas que siguen funcionando bajo lógicas patriarcales se ven muchas veces forzadas a reproducirlas para sobrevivir políticamente.
En el ámbito económico, la incorporación laboral de las mujeres ha sido presentada como un triunfo del desarrollo. Pero esta narrativa oculta que muchas de esas incorporaciones ocurren en sectores precarios, con alta rotación y bajos salarios, como el trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado. A pesar de su enorme valor económico y social, el trabajo de cuidados sigue invisible y desigualmente distribuido: recae principalmente sobre mujeres, sin que exista un reconocimiento estatal suficiente. Esto perpetúa la pobreza femenina y limita la autonomía económica.
También es fundamental discutir la violencia de género como una falla estructural del sistema. No se trata solo de agresiones individuales, sino de un entramado de normas, narrativas y prácticas institucionales que toleran, minimizan o incluso justifican la violencia. La impunidad es una forma de perpetuación de la violencia, y la respuesta estatal suele centrarse en la reacción, cuando debería priorizar la prevención desde una transformación cultural profunda. Esto incluye educación con perspectiva de género desde edades tempranas, políticas públicas sensibles al contexto y reformas judiciales que garanticen justicia efectiva.
Además, cualquier análisis serio sobre género en el marco de la Agenda 2030 debe incorporar la interseccionalidad. La experiencia de una mujer indígena pobre no puede equipararse a la de una mujer urbana de clase media. Sin esta perspectiva, se corre el riesgo de generar políticas que beneficien solo a una élite femenina, dejando intactas las desigualdades de fondo. Incorporar voces diversas en la formulación de políticas es más que inclusión: es una condición para la legitimidad.
Por último, es importante reconocer que los cambios simbólicos sin transformación cultural tienen un límite. Las metas en torno a la equidad de género requieren no sólo voluntad política, sino también una disposición colectiva a confrontar privilegios, revisar los pactos implícitos del poder masculino y reimaginar nuestras formas de convivencia. En ese sentido, la Agenda 2030 es una oportunidad, pero también una prueba: si no logra incomodarnos, probablemente no está transformándonos.
